Sobre la complicidad de las Universidades Nacionales y el modelo económico de saqueo de bienes naturales

MARTES 24/11 TOD@S AL CONSEJO SUPERIOR

El Rector Darío Maiorana pretende dilatar el tratamiento de los fondos mineros provenientes de La Alumbrera

Tras 40 días de su última sesión, el Rector ha convocado al Consejo Superior de la UNR (de acuerdo al Reglamento de funcionamiento de este órgano, se debe sesionar cada 14 días). En aquella sesión del 15 de octubre, el Consejo Superior resolvió debatir la problemática de los fondos provenientes de la empresa minera La Alumbrera-YMAD (Yacimientos Minerales Aguas de Dionisio) en sus comisiones. No obstante, en el intervalo entre ambas sesiones, el tema no ha sido tratado por ninguna comisión ni tampoco figura como punto del temario de la próxima reunión del Consejo Superior.

Esta situación deja de manifiesto la voluntad política del Rector Darío Maiorana y el arco político que lo respalda (UCR-Franja Morada y sectores kirchneristas) de evitar resolver sobre el asunto. O, en el mejor de los casos, dilatar su tratamiento para ser discutido en circunstancias poco favorables –como son las fechas de exámenes- para la participación de la comunidad universitaria.

Preocupa aún más esta situación si se atiende a las diversas declaraciones del Rector en las que ha expresado que se debe cumplir con lo que establece la ley Nacional 14771. Cabe recordar que el texto de esta ley del año 1958 -que regula la explotación del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio- establece (en su artículo 18 inciso c) que las Universidades Nacionales recibirán el 20% de las utilidades. Sin embargo, la ley no indica ningún tipo de sanción para las instituciones que se abstengan de hacer uso de dichas utilidades.

De este modo, Maiorana sigue sosteniendo la postura del Consejo Interuniversitario Nacional (que reúne a todos los Rectores de las distintas UUNN) de aceptar estos fondos sin cuestionar su origen. Aunque, a sabiendas de los costos políticos que han tenido que pagar las autoridades de otras instituciones académicas por defender esa definición, pretende evitar el tratamiento público del asunto.

La falsa antinomia: Legalidad vs legitimidad

En nombre de la ley, las autoridades de la UNR defienden el uso de los dineros provenientes de La Alumbrera, una explotación minera a cielo abierto. Una medida que, en virtud de la naturaleza de la explotación minera a cielo abierto y su impacto negativo sobre el medio ambiente, es claramente ilegítima pues contradice los valores éticos que deberían ser baluartes de la educación pública como lo son la autonomía y crítica del pensamiento o el respeto por el medio ambiente.

A su vez, las autoridades de la UNR, con el Rector Maiorana a la cabeza, ignoran otros aspectos de la misma legalidad que dicen respetar. Desconocen los alcances del artículo 41 de la Constitución Nacional (referido a los derechos ambientales), así como también pasan por alto el marco de acción que permite la autonomía de las instituciones universitarias a la hora de administrar sus bienes y recursos.

Y por encima de todo, el Rector Maiorana soslaya el aspecto fundante que atraviesa la cuestión de los fondos mineros. A saber, cuál es el proyecto educativo estratégico que se traza cuando se tratan estos asuntos: o una educación superior condicionada por la lógica mercantil (que en el caso particular de La Alumbrera enseña palmariamente su faz más gravosa) o una educación autónoma respecto al mercado que se sustente en los valores de la crítica y el servicio a los sectores más necesitados.

Los fundamentos del rechazo

La actividad minera a cielo abierto produce un impacto ambiental y económico que la convierte en una forma extractiva nada sustentable para la población. Sólo genera enormes ganancias para empresas multinacionales y para sus personeros políticos locales. La minería a cielo abierto demanda poca mano de obra pero derrocha enormes cantidades de bienes naturales y otra clase de insumos. Por ejemplo, La Alumbrera consume el 87% del consumo total de energía de la provincia de Catamarca y 4 millones de litros de agua por hora, o sea 100 millones de litros de agua dulce por día. Entre los impactos negativos de este emprendimiento, cabe indicar el uso indiscriminado y la contaminación del agua, la alteración de la geografía y con ello del ecosistema, por mencionar algunos.

Desde la agrupación Santiago Pampillón-el grito (Humanidades y Artes), entendemos que recibir el dinero proveniente de La Alumbrera , así como establecer convenios con la misma, no sólo condiciona la objetividad de la producción científica al interior de las universidades públicas y su rol de contralor, sino que las convierte en cómplices del saqueo de nuestros bienes naturales nuestros ecosistemas. Un silencioso eco-genocidio cuyo impacto profundo repercutirá en futuras generaciones pero que ya se hace sentir en el presente.

No obstante, este tema plantea un debate más general y estratégico que trasciende la aceptación o no de estos fondos puesto que pone en discusión cuál es el modelo de universidad pública por el que se apuesta. En ese contexto, consideremos necesario poner en cuestión este modelo de educación universitaria tributario en sus núcleos fundamentales al neoliberalismo. Y a su vez, construir una Universidad Nacional dirigida hacia los sectores populares, que abogue por un país soberano y aporte a un desarrollo sustentable que respete el medio ambiente

Nota periodística a Agustina Barukel (Consejera Directiva) : http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-21214-2009-11-24.html