En noviembre de 2007, y en el marco de la Asamblea por la Reforma de los Estatutos de la UNR, salió a la luz el caso Pérez Blanco.
¿Quién es Jorge Walter Perez Blanco? Personaje nefasto de los años de dictadura en la ciudad de Rosario, se desenvolvía como personal administrativo en la Facultad de Medicina, fachada perfecta para trabajar como servicio de las fuerzas represivas, entregando estudiantes y docentes de la UNR. Este servicio de Inteligencia del ejército fue indemnizado por las nuevas autoridades de nuestra universidad, por la simbólica suma de $30.000 (a lo que se suma el pago de honorarios a su abogado), hecho a espaldas de la comunidad universitaria, y violando principios éticos fundamentales. Pérez Blanco era conocido "el súper espía", y fue el hombre de confianza de Oscar Pascual Guerrieri, el militar que habría planificado el centro de exterminio que funcionó en La Calamita, en Granadero Baigorria.
Pérez Blanco había sido separado de su cargo con la vuelta a la democracia, pero el Juicio Académico que la Facultad de Medicina le había iniciado nunca progresó. Por ello, este represor podía iniciar juicio laboral a la Universidad, reclamando todos los sueldos no cobrados desde 1984. A esto se agrega la situación de impunidad a partir del famoso robo a los Tribunales de esta ciudad, cuando se "desaparecieron" los expedientes de la causa Feced. Unos 150 sumarios, registros que acreditaban el seguimiento y la persecución de militantes políticos, estudiantes, obreros y profesionales, ficheros y archivos de la represión durante la dictadura militar en Rosario se perdieron entonces sin que existiera una investigación judicial acorde con la magnitud del suceso. El material había sido secuestrado días antes en los domicilios de tres agentes civiles de los servicios de inteligencia del Ejército. Uno de ellos era Jorge Walter Pérez Blanco.
No solo el Rector y sus secuaces llevaron adelante el pago sin notificar de ello al Consejo Superior, sino que, una vez que el caso salió a la luz, gracias a la denuncia de las agrupaciones estudiantiles, sistemáticamente mintieron para ocultar que el pago era, en realidad, no una exigencia de la Corte Suprema de la Nación (alegato del Rector), sino un arreglo de la Universidad y el represor Pérez Blanco, para evitar llegar a una instancia de Juicio Laboral.
El Consejo Superior votó unánimemente exigir al Rector que no se procediera con el pago. Nadie sabía en aquel momento que el pago ya había sido efectuado.
En una maniobra sucia, digna de los personajes que dirigen nuestra Universidad, semanas después el mismo Consejo ratificó el pago al represor, alineándose detrás del Rector y su vice.
A dos años de un hecho que degrada la autoridad moral de la UNR una vez más denunciamos a los responsables políticos, al Rector Darío Maiorana y su vice Eduardo Seminara, apoyados por sus brazos estudiantiles (Franja Morada y Kirchnerismo), con el silencio cómplice del PS-MNR. Tal proceder muestra que cuando estos personajes nefastos, como Pérez Blanco y tantos otros responsables del terrorismo de estado que persisten en la Universidad, son acusados por la justicia, también son indemnizados por esta gestión, hecho vergonzoso e insultante para quienes componemos la comunidad universitaria. Es triste ver que el horizonte de justicia por el que tantos años hemos luchado sea contrariado por esta Universidad, atrasada en el debate social, en una ciudad donde en este momento se juzga a una parte de los genocidas.
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