Universidad Tóxica

U.N.R : Un Negocio Redondo

El Rector Darío Maiorana y los Consejeros Superiores de la UCR y Franja Morada aceptaron los fondos mineros provenientes de La Alumbrera

Finalmente, en la sesión del Consejo Superior de la UNR del día 24 de noviembre, fue tratado el asunto relativo a los fondos provenientes de la empresa minera Bajo La Alumbrera. Allí, el bloque que apoya al Rector Darío Maiorana integrado por sectores provenientes del Radicalismo, el Kirchnerismo y la Franja Morada votó no hacer lugar al pedido de rechazo de estos fondos.

Por lo demás, desconociendo lo resuelto en la sesión ordinaria del 15 de octubre de aquél órgano, el asunto fue tratado sólo desde la dimensión técnico-legal en una de las comisiones del Consejo Superior. Así se desconoció que el propio cuerpo había resuelto tratar el tema atendiendo a otras facetas fundamentales, tales como la dimensión ética, el condicionamiento del conocimiento académico o el vínculo de las instituciones universitarias con el mercado. Y al mismo tiempo no se convocó al Consejero Superior Estudiantil de la agrupación Santiago Pampillón-el grito (HyA) a la citada comisión. Esto representa un nuevo atropello por parte de Maiorana que adecua las normas institucionales a sus intereses políticos.

De este modo, Maiorana consiguió imponer la postura del Consejo Interuniversitario Nacional (que reúne a todos los Rectores de las distintas UUNN) de aceptar estos fondos sin cuestionar su origen.

La resolución del Consejo Superior desconoce la opinión de otras unidades académicas de la UNR

A pesar de que sólo el Consejo Superior de la UNR puede formular resoluciones con entidad jurídica, otras casas de estudio de Rosario se han expresado en sentido opuesto a la aceptación de estos fondos. Han rechazado los fondos provenientes de la empresa Bajo La Alumbrera las Facultades de Ingeniería y Agrimensura, la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Cabe agregar que la Universidad Nacional de Río Cuarto rechazó estos dineros.

Sobre la complicidad de las Universidades Nacionales y el modelo económico de saqueo de bienes naturales

MARTES 24/11 TOD@S AL CONSEJO SUPERIOR

El Rector Darío Maiorana pretende dilatar el tratamiento de los fondos mineros provenientes de La Alumbrera

Tras 40 días de su última sesión, el Rector ha convocado al Consejo Superior de la UNR (de acuerdo al Reglamento de funcionamiento de este órgano, se debe sesionar cada 14 días). En aquella sesión del 15 de octubre, el Consejo Superior resolvió debatir la problemática de los fondos provenientes de la empresa minera La Alumbrera-YMAD (Yacimientos Minerales Aguas de Dionisio) en sus comisiones. No obstante, en el intervalo entre ambas sesiones, el tema no ha sido tratado por ninguna comisión ni tampoco figura como punto del temario de la próxima reunión del Consejo Superior.

Esta situación deja de manifiesto la voluntad política del Rector Darío Maiorana y el arco político que lo respalda (UCR-Franja Morada y sectores kirchneristas) de evitar resolver sobre el asunto. O, en el mejor de los casos, dilatar su tratamiento para ser discutido en circunstancias poco favorables –como son las fechas de exámenes- para la participación de la comunidad universitaria.

Preocupa aún más esta situación si se atiende a las diversas declaraciones del Rector en las que ha expresado que se debe cumplir con lo que establece la ley Nacional 14771. Cabe recordar que el texto de esta ley del año 1958 -que regula la explotación del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio- establece (en su artículo 18 inciso c) que las Universidades Nacionales recibirán el 20% de las utilidades. Sin embargo, la ley no indica ningún tipo de sanción para las instituciones que se abstengan de hacer uso de dichas utilidades.

De este modo, Maiorana sigue sosteniendo la postura del Consejo Interuniversitario Nacional (que reúne a todos los Rectores de las distintas UUNN) de aceptar estos fondos sin cuestionar su origen. Aunque, a sabiendas de los costos políticos que han tenido que pagar las autoridades de otras instituciones académicas por defender esa definición, pretende evitar el tratamiento público del asunto.

La falsa antinomia: Legalidad vs legitimidad

En nombre de la ley, las autoridades de la UNR defienden el uso de los dineros provenientes de La Alumbrera, una explotación minera a cielo abierto. Una medida que, en virtud de la naturaleza de la explotación minera a cielo abierto y su impacto negativo sobre el medio ambiente, es claramente ilegítima pues contradice los valores éticos que deberían ser baluartes de la educación pública como lo son la autonomía y crítica del pensamiento o el respeto por el medio ambiente.

A su vez, las autoridades de la UNR, con el Rector Maiorana a la cabeza, ignoran otros aspectos de la misma legalidad que dicen respetar. Desconocen los alcances del artículo 41 de la Constitución Nacional (referido a los derechos ambientales), así como también pasan por alto el marco de acción que permite la autonomía de las instituciones universitarias a la hora de administrar sus bienes y recursos.

Y por encima de todo, el Rector Maiorana soslaya el aspecto fundante que atraviesa la cuestión de los fondos mineros. A saber, cuál es el proyecto educativo estratégico que se traza cuando se tratan estos asuntos: o una educación superior condicionada por la lógica mercantil (que en el caso particular de La Alumbrera enseña palmariamente su faz más gravosa) o una educación autónoma respecto al mercado que se sustente en los valores de la crítica y el servicio a los sectores más necesitados.

Los fundamentos del rechazo

La actividad minera a cielo abierto produce un impacto ambiental y económico que la convierte en una forma extractiva nada sustentable para la población. Sólo genera enormes ganancias para empresas multinacionales y para sus personeros políticos locales. La minería a cielo abierto demanda poca mano de obra pero derrocha enormes cantidades de bienes naturales y otra clase de insumos. Por ejemplo, La Alumbrera consume el 87% del consumo total de energía de la provincia de Catamarca y 4 millones de litros de agua por hora, o sea 100 millones de litros de agua dulce por día. Entre los impactos negativos de este emprendimiento, cabe indicar el uso indiscriminado y la contaminación del agua, la alteración de la geografía y con ello del ecosistema, por mencionar algunos.

Desde la agrupación Santiago Pampillón-el grito (Humanidades y Artes), entendemos que recibir el dinero proveniente de La Alumbrera , así como establecer convenios con la misma, no sólo condiciona la objetividad de la producción científica al interior de las universidades públicas y su rol de contralor, sino que las convierte en cómplices del saqueo de nuestros bienes naturales nuestros ecosistemas. Un silencioso eco-genocidio cuyo impacto profundo repercutirá en futuras generaciones pero que ya se hace sentir en el presente.

No obstante, este tema plantea un debate más general y estratégico que trasciende la aceptación o no de estos fondos puesto que pone en discusión cuál es el modelo de universidad pública por el que se apuesta. En ese contexto, consideremos necesario poner en cuestión este modelo de educación universitaria tributario en sus núcleos fundamentales al neoliberalismo. Y a su vez, construir una Universidad Nacional dirigida hacia los sectores populares, que abogue por un país soberano y aporte a un desarrollo sustentable que respete el medio ambiente

Nota periodística a Agustina Barukel (Consejera Directiva) : http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-21214-2009-11-24.html

Basta de judicializar al CEP

El jueves 5 nos hicimos oír frente a Rectorado, acompañando a nuestros compañeros y compañeras judicializados por luchar por condiciones dignas de cursado y la transformación de la Universidad.

El Rector de la UNR, Darío Maiorana (Franja Morada) avanzó en el disciplinamiento de la comunidad universitaria, abriendo sumarios para judicializar a los compañeros y compañeras del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología (CEP).

Con esta decisión, las autoridades de la universidad están castigando la combatividad de un centro de estudiantes que además de convocar a movilizaciones multitudinarias, de generar procesos asamblearios de cientos de estudiantes, comienza a recibir el apoyo del resto de la sociedad y la comunidad universitaria.

Exigimos ya el cierre de causas penales y sumarios y seguiremos luchando por condiciones dignas de cursado.

A dos años del pago a Jorge Walter Pérez Blanco

En noviembre de 2007, y en el marco de la Asamblea por la Reforma de los Estatutos de la UNR, salió a la luz el caso Pérez Blanco.

¿Quién es Jorge Walter Perez Blanco? Personaje nefasto de los años de dictadura en la ciudad de Rosario, se desenvolvía como personal administrativo en la Facultad de Medicina, fachada perfecta para trabajar como servicio de las fuerzas represivas, entregando estudiantes y docentes de la UNR. Este servicio de Inteligencia del ejército fue indemnizado por las nuevas autoridades de nuestra universidad, por la simbólica suma de $30.000 (a lo que se suma el pago de honorarios a su abogado), hecho a espaldas de la comunidad universitaria, y violando principios éticos fundamentales. Pérez Blanco era conocido "el súper espía", y fue el hombre de confianza de Oscar Pascual Guerrieri, el militar que habría planificado el centro de exterminio que funcionó en La Calamita, en Granadero Baigorria.

Pérez Blanco había sido separado de su cargo con la vuelta a la democracia, pero el Juicio Académico que la Facultad de Medicina le había iniciado nunca progresó. Por ello, este represor podía iniciar juicio laboral a la Universidad, reclamando todos los sueldos no cobrados desde 1984. A esto se agrega la situación de impunidad a partir del famoso robo a los Tribunales de esta ciudad, cuando se "desaparecieron" los expedientes de la causa Feced. Unos 150 sumarios, registros que acreditaban el seguimiento y la persecución de militantes políticos, estudiantes, obreros y profesionales, ficheros y archivos de la represión durante la dictadura militar en Rosario se perdieron entonces sin que existiera una investigación judicial acorde con la magnitud del suceso. El material había sido secuestrado días antes en los domicilios de tres agentes civiles de los servicios de inteligencia del Ejército. Uno de ellos era Jorge Walter Pérez Blanco.

No solo el Rector y sus secuaces llevaron adelante el pago sin notificar de ello al Consejo Superior, sino que, una vez que el caso salió a la luz, gracias a la denuncia de las agrupaciones estudiantiles, sistemáticamente mintieron para ocultar que el pago era, en realidad, no una exigencia de la Corte Suprema de la Nación (alegato del Rector), sino un arreglo de la Universidad y el represor Pérez Blanco, para evitar llegar a una instancia de Juicio Laboral.

El Consejo Superior votó unánimemente exigir al Rector que no se procediera con el pago. Nadie sabía en aquel momento que el pago ya había sido efectuado.

En una maniobra sucia, digna de los personajes que dirigen nuestra Universidad, semanas después el mismo Consejo ratificó el pago al represor, alineándose detrás del Rector y su vice.

A dos años de un hecho que degrada la autoridad moral de la UNR una vez más denunciamos a los responsables políticos, al Rector Darío Maiorana y su vice Eduardo Seminara, apoyados por sus brazos estudiantiles (Franja Morada y Kirchnerismo), con el silencio cómplice del PS-MNR. Tal proceder muestra que cuando estos personajes nefastos, como Pérez Blanco y tantos otros responsables del terrorismo de estado que persisten en la Universidad, son acusados por la justicia, también son indemnizados por esta gestión, hecho vergonzoso e insultante para quienes componemos la comunidad universitaria. Es triste ver que el horizonte de justicia por el que tantos años hemos luchado sea contrariado por esta Universidad, atrasada en el debate social, en una ciudad donde en este momento se juzga a una parte de los genocidas.